Al todopoderoso buscador Googlele ha tocado protagonizar estos días la versión TI de la clásicapolémica entre libertad de expresión y derecho a la intimidad.
Como sabemos, Google interpuso una demanda contra la Agencia Española de Protección de Datos, ya que ésta dictó una serie de resoluciones por las que se le exige eliminar enlaces a documentos con información supuestamente perjudicial sobre cinco personas que consideran que dicha información atenta contra su honor y buen nombre.
Estas cinco personas se han dirigido a Google con la intención de evitar que sus nombres salgan siempre asociados, al introducirse en las búsquedas deGoogle, con hechos negativos ocurridos años atrás y que fueron publicados en su momento en boletines oficiales y en un caso en un importante rotativo nacional. Uno de los abogados de estas cinco personas argumenta que no es correcto que los derechos individuales no tengan vigencia ante la inmensidad de Internet.
Por su parte, Google defiende que los responsables últimos de la posible violación de la intimidad son los que publicaron aquellos hechos enInternet, mientras que el buscador se limita a enlazar continua, automática, y masivamente términos sin reparar en el contenido. Aunque sea posible eliminar un enlace del índice, la información seguiría estando subida enInternet, y por el contrario se obstaculizaría, junto a su búsqueda, la de otras informaciones bajo los mismos términos (coincidencia de nombres o apellidos), lo cual perjudicaría a muchos terceros.
Google se considera un mero intermediario, mientras que la Agencia de Protección de Datos la responsabiliza por ser más facilitador que intermediario. El juicio de esta semana está visto para sentencia. Esperaremos a su resolución, y también a las posibles consecuencias de la misma.
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